Bolívia apresentará demanda contra Chile em Corte Internacional

A Bolívia apresentará nos próximos dias uma demanda internacional contra o Chile para reivindicar uma saída soberana ao mar, anunciou neste sábado (23) o presidente Evo Morales. Durante o seu discurso no dia marcado pela perda dos territórios costeiros do Pacífico, no final do século 19, o presidente disse que o país está pronto para levar a demanda à Corte Internacional de Justiça de Haia.

O plano foi anunciado por Evo Morales depois de dois anos de trabalho da Direção Estratégica de Reivindicação Marítima, reunida desde março de 2011 e formada por uma equipe de especialistas para estudar distintas alternativas jurídicas. O objetivo é a conformação de um expediente com milhares de documentos, para provar o direito da Bolívia sobre o mar.

"Temos suficientes documentos provatórios que respaldam nossa reivindicação", enfatizou o mandatário no ato, celebrado na praça que honra o herói da Guerra do Pacífico, Eduardo Abaroa, no centro da capital boliviana La Paz.
Na véspera, a Assembleia Legislativa aprovou a retirada da reserva da Bolívia a um apartado do Pacto de Bogotá (1948), com o que se prepara o caminho para o processo ante ao organismo mundial. 
O Pacto de Bogotá é um tratado que, além de reconhecer o principio da solução pacífica de controvérsias entre os Estados, habilita a potestade da Corte Internacional de Justiça para resolver os temas em conflito entre as nações. 
"A Bolívia, estado pacifista, declara seu direito irrenunciável de acesso a oceano Pacífico e por isso recorrerá ante tribunais internacionais através de mecanismos pacíficos recolhidos pelo direito internacional", assegurou o presidente. 
A apresentação desta demanda ante os organismos mundiais é um dos fatores que mais ressentimento tem causado ao governo chileno, que considera este tema um assunto bilateral. 
O governante criticou também a atitude do vizinho país após a detenção de três soldados bolivianos, em janeiro, por um mês. O fato acentuou as controvérsias entre as duas nações. 
"Com a força da razão e a unidade do povo faremos valer ante o mundo nosso direito de ter uma saída soberana ao mar", disse. 
A Bolívia perdeu 400 quilômetros de costa com a Guerra do Pacífico, no final do século 19, e desde então reivindica uma saída soberana para o mar.  
Desde março de 2011, Evo Morales anunciou a decisão do seu governo de demandar contra o Chile ante um tribunal internacional para que restitua ao país seus territórios costeiros.

Fonte: Vermelho

IX Curso de Inverno de Direito Internacional

El referéndum en Malvinas o la autosatisfacción británica

Por Marcelo G. Kohen*

El 10 y 11 de marzo próximos unas 1500 personas habilitadas para votar en las Islas Malvinas van a pronunciarse para decir si desean o no que las islas “continúen siendo un territorio británico de ultramar”. Sus organizadores lo llaman referéndum de autodeterminación. En realidad, debería llamárselo “referéndum de autosatisfacción”. Se trata de un plebiscito organizado por el gobierno británico para que ciudadanos británicos afirmen que quieren que el territorio en el que residen siga “siendo” británico.

Este puro ejercicio propagandístico no alterará en nada la situación existente. Las Islas Malvinas continuarán siendo consideradas por las Naciones Unidas como un territorio sujeto a descolonización. No es la potencia administradora quien decide sobre la manera de poner fin a una situación colonial y si el territorio debe cesar de estar inscripto en la lista de “territorios no autónomos” de la ONU. En el pasado, fue la ONU quien organizó y fiscalizó referéndum de libre determinación cuando estimó que ésta era la manera de descolonizar. El último de ellos fue el que permitió a Timor Oriental devenir independiente en 2002. Sigue pendiente el referéndum en el Sahara occidental, otro territorio no autónomo, para el cual la ONU estableció una operación específica: la Minurso (Misión de las Naciones Unidas para la Organización del Referéndum en el Sahara Occidental). El caso de las Malvinas está en las antípodas. Las Naciones Unidas no decidieron su realización. No lo organizan. No lo fiscalizan. No intervinieron ni intervendrán en lo más mínimo en él. El Reino Unido ni siquiera buscó su participación. El gobierno británico sabe que no contará con apoyo alguno de las Naciones Unidas, pues ya efectuó el mismo ejercicio en Gibraltar, sin obtener ninguna modificación del status de dicho territorio en la ONU. Tampoco logró incluir una referencia a la libre determinación en las resoluciones sobre Malvinas. La razón es simple. Contrariamente a los ejemplos de Timor Oriental y Sahara occidental, las Naciones Unidas han establecido que la manera de poner fin a la especial situación colonial de las Islas Malvinas es la solución de la controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. En la solución de la disputa, se deberán tener en cuenta los intereses de los habitantes actuales de las islas, pero no se les reconoce a éstos la calidad de un pueblo distinto con derecho de libre determinación.

El Derecho Internacional distingue tres categorías de comunidades humanas: pueblos, minorías y pueblos autóctonos. Sólo los primeros tienen derecho de libre determinación externa, es decir, pueden decidir el destino del territorio en el que habitan. A diferencia de otros casos en que las víctimas del colonialismo eran pueblos sojuzgados, en el caso Malvinas la víctima fue un Estado soberano en los albores de su independencia. La Asamblea General no reconoce la existencia de un pretendido “pueblo falklander” con derecho de libre determinación. Son ciudadanos británicos que llegaron a las islas después de que la potencia colonial expulsara a las autoridades y población argentinas e impidiera que la población argentina pudiera regresar. Al mismo tiempo que se negaba a discutir la controversia con la Argentina, el Reino Unido controló desde siempre la política migratoria del territorio insular. Se trata de una población que no tiene un crecimiento demográfico normal, cuya composición depende de la llegada de personas provenientes esencialmente de la metrópoli. El número total de habitantes ha rondado los dos mil desde hace más de un siglo. Cuarenta por ciento de la población actual llegó a las islas hace menos de diez años y ese porcentaje se repite aproximadamente censo tras censo, con residentes que parten y otros que arriban. Sin contar los miembros de las fuerzas armadas británicas, 14 por ciento de los habitantes reside en la segunda “localidad” de las islas, creada después de 1982, la base militar de Monte Agradable. Los habitantes nacidos en las islas son una minoría. El cuerpo electoral está constituido únicamente por aquellas personas que poseen ciudadanía británica. Aplicar la libre determinación a semejante población sería desvirtuar el principio para perpetuar una situación de colonialismo territorial. Por supuesto, eso no quiere decir que sus habitantes no gocen de otros derechos. Simplemente, mil quinientos ciudadanos británicos no tienen el derecho de decidir una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido que envuelve más de tres millones de kilómetros cuadrados entre territorio y espacios marítimos, una superficie mayor que la de la Argentina continental y doce veces la del Reino Unido.

Para intentar ocultar esta manipulación del principio de libre determinación, el gobierno británico despliega actualmente una nueva estrategia. Ya no habla más, como hasta hace poco, del carácter “eminentemente británico” de las islas. Ahora se trata de vender la imagen de la existencia de un pueblo falklander, totalmente distinto y separado del pueblo británico, y por supuesto, del argentino también. Quien lee la propaganda británica puede creer que se trata de un “pueblo” que vive en las islas desde hace nueve generaciones y que está compuesto por gente de orígenes muy diversos. Las cifras mencionadas hablan de una realidad muy diferente. Por primera vez en la historia, el censo del año pasado no menciona cuántos son los habitantes nacidos en las islas. Tampoco menciona la nacionalidad de sus habitantes. Se preguntó a la población cómo se sentía desde el punto de vista de la “identidad nacional”. Las cifras publicadas son que 59 por ciento respondieron “Falkland Islanders” y 29 por ciento “británicos”. En realidad, muchos de quienes hoy se autoidentifican como “isleños” son británicos llegados del Reino Unido, como funcionarios o en particular al momento de la bonanza económica motivada por los permisos de pesca. La mitad de los miembros de la Asamblea Legislativa se encuentra en esta situación. Por su parte, aun una persona que tenga ciudadanía británica y estatuto local, si ha declarado “su lealtad o adhesión a un Estado extranjero”, no puede ser elector o candidato. No hace falta mucha imaginación para saber cuál es el Estado “extranjero” en cuestión. En cuanto a los pocos habitantes argentinos, lo son únicamente por ser cónyuges de residentes con ciudadanía británica. Como lo prueba la práctica existente desde hace mucho tiempo, la ley no escrita impone que no se otorguen permisos de residencia a los argentinos y menos aún que puedan comprar tierras u otras propiedades. Hasta herederos argentinos han sido obligados a vender propiedades recibidas por sucesión. Durante diecisiete años, ninguna persona con documentación argentina podía siquiera visitar las islas. La mano de obra para las tareas que los británicos no desean realizar es garantizada por una presencia chilena y de Santa Elena, otra colonia británica en el Océano Atlántico.

La maniobra británica tiene muchas paradojas. ¿Por qué no haber hecho el referéndum mucho antes, si la cuestión se debate en las Naciones Unidas desde hace casi medio siglo? Si Londres la pone en práctica ahora, es por cuatro razones fundamentales. Primero, porque la Argentina logró en los últimos tiempos volver a colocar la cuestión Malvinas en la agenda internacional. Segundo, porque la solidaridad sudamericana en particular va más allá de la sola posición de principio, para adoptar medidas concretas. Tercero, porque el gobierno argentino puso fin a la política británica de obtener arreglos prácticos con el fin de explotar los recursos naturales del territorio en disputa y de sus espacios marítimos, sin negociar la controversia de soberanía. Cuarto, porque resulta cada vez más difícil a Londres sustentar su negativa a negociar. Su última operación mediática consiste en mostrar a la Argentina como el país renuente al diálogo. La Argentina no se opone a la presencia de isleños en las negociaciones. Naturalmente, cada una de las dos partes decide por sí misma la composición de su delegación. Pero para ello debe haber negociaciones, no imponerle a la otra parte su posición y no excluir lo que constituye la cuestión central: la disputa de soberanía. El gobierno británico desea únicamente que la Argentina acepte negociar sobre la manera de facilitarle la explotación unilateral de la pesca y el petróleo, y que lo haga con el llamado gobierno de las islas como una tercera parte en la disputa. En otras palabras, que haya dos partes británicas y una argentina y que no se aborde la controversia de fondo. De ello se trató en el show mediático organizado por el canciller William Hague en Londres hace un par de semanas.

La operación refrendaria británica difícilmente hubiera tenido eco alguno en el siglo pasado. Es la tergiversación del derecho de libre determinación por parte de la potencia colonial que más tardó en reconocerle su carácter de regla jurídica. El Reino Unido sólo lo hizo cuando la mayoría abrumadora de sus antiguas colonias ya se había emancipado. Aun así, lo hizo de manera fragmentaria y procedió a violarlo, como lo muestra la expulsión de los dos mil habitantes autóctonos del archipiélago de Chagos. Por supuesto, no hubo referéndum de “autodeterminación” cuando el gobierno de Margaret Thatcher restituyó Hong-Kong a China, su legítimo titular. Menos aun se les concedió la ciudadanía británica plena a los cinco millones de chinos que habitaban el territorio, como lo hizo el mismo gobierno con los dos mil habitantes de las Malvinas, éstos de origen europeo. En otras palabras, la libre determinación es un falso argumento para mantener los últimos resabios del Imperio Británico, sin justificación jurídica alguna.

La propaganda británica, a la que han sucumbido algunos intelectuales argentinos, apunta a mostrar que lo que cuenta son los habitantes y no los territorios. No siempre este atractivo aforismo es cierto. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, Francia invocó que no correspondía organizar un plebiscito en Alsacia-Lorena, ya que desde 1871 –año del traspaso del territorio a Alemania– miles de franceses habían preferido irse antes que estar sometidos a la soberanía alemana, y que en contrapartida, miles de alemanes se habían instalado en él. Cuando la población sueca de las Islas Aland, bajo soberanía finlandesa, planteó su libre determinación para integrarse a Suecia, la respuesta fue una amplia autonomía, pero bajo la soberanía de Finlandia. En casos recientes de controversias territoriales dirimidas ante la Corte Internacional de Justicia, los fallos reconocieron la soberanía de un Estado aunque el territorio en cuestión estuviera habitado por ciudadanos del otro. Por ejemplo, cien mil nigerianos que habitan en la península de Bakassi, muchos de ellos desde varias generaciones, se encuentran bajo la soberanía de Camerún. La Corte de La Haya reconoció que los derechos adquiridos de dichos habitantes deben ser preservados por el Estado soberano, algo que en el caso de las Malvinas la Argentina ya se ha comprometido a hacer en la Constitución nacional.

La propaganda británica se esfuerza por hablar de la “democracia” isleña. Ni siquiera es un referéndum con un mínimo de debate. Nadie hace campaña por el “no”. En una sociedad estrecha en la que cada uno sabe todo del resto, cualquier disonancia es sinónimo de traición. Ni siquiera los “independentistas” osan llamar a votar “no”. La posición argentina es tergiversada y la lectura de la historia y del derecho aplicable a la disputa que se inculca es deformada. El gobierno de David Cameron, que ha aceptado que Escocia decida seguir o no siendo miembro del Reino Unido, exige allí que el referéndum se organice con todas las opciones explicadas claramente y con asesoría de expertos independientes. El contraste es evidente. También lo es que para que los escoceses puedan decidir sobre su independencia, el gobierno británico haya estimado que era necesario su consentimiento y que una secesión unilateral no era válida. En Canadá, la Corte Suprema considera que aun si un plebiscito en Quebec arrojara un resultado favorable a la independencia, ello no sería suficiente. Quebec debería negociar con las otras provincias y el gobierno federal sobre si accede a la independencia o no. Ejemplos elocuentes que, salvando incluso las grandes distancias que separan los casos mencionados con el de las Malvinas, muestran que la opinión de los habitantes de un territorio no basta para decidir su destino.

Londres y su administración local insisten en que las Malvinas ya no son una colonia. Se trata en realidad del mismo sistema con ropaje nuevo. El 10 y 11 de marzo, los electores británicos votarán para que Londres continúe nombrando a dedo al gobernador de las Islas, tradicionalmente un diplomático del Foreign Office que pisa las islas por primera vez cuando asume, luego de haber sido embajador en algún país. No es una mera figura decorativa. El gobernador tiene capacidad para implementar una ley o tomar una decisión aun en contra de la opinión de la Asamblea Legislativa o del Consejo Ejecutivo. El comandante de las fuerzas británicas es una figura inscripta en la “Constitución” de las islas. Junto al procurador general –nombrado por Londres– forman parte de la Asamblea legislativa, aunque sin derecho a voto. La “Corte Suprema” está constituida por un juez que también viene de Londres.

La Argentina tiene mucho más que ofrecer que este sistema colonial británico de manejo de territorios. Unas Malvinas reintegradas efectivamente a la soberanía argentina tendrían una verdadera autonomía en la que sus habitantes elegirían ellos mismos a su gobernador y tendrían su representación en las instancias parlamentarias nacionales. Pero ese tipo de cuestiones sólo podrá discutirse cuando el Reino Unido cumpla con su obligación de resolver la controversia de soberanía por medios pacíficos. En otras palabras, cuando haya negociaciones sobre la cuestión central que separa a ambos países. Mientras tanto, el 12 de marzo todo seguirá igual, a pesar de la vana demostración muscular del Reino Unido.

* Profesor de Derecho Internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra. Fue abogado de la Argentina ante la Corte Internacional de Justicia en el caso de las pasteras en el río Uruguay y ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar en el caso de la Fragata ARA Libertad.

Fonte: Página 12

Bolívia e Equador reafirmam críticas à Comissão Interamericana

O presidente da Bolívia Evo Morales disse nesta segunda-feira (18) que está avaliando a possibilidade de retirar o país da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), segundo ele, porque o organismo não segue seus próprios princípios em defesa dos direitos humanos. "Estou pensando seriamente em nos retirarmos da CIDH," disse o presidente boliviano, em uma conferência à imprensa no palácio do governo. Ele acrescentou que vê a CIDH como outra base militar dos Estados Unidos, “insinuam, julgam os países e com o que contribuem?".No sábado (16), o presidente equatoriano, Rafael Correa, sugeriu novamente a necessidade de uma reforma das organizações regionais como a Organização dos Estados Americanos (OEA), e da CIDH, porque, de acordo com ele, são organismos dominados por nações hegemônicas. Já na semana passada Correa também havia abordado a inadmissível herança neocolonial da burocracia da CIDH da OEA, "que pretende impor-se sobre a soberania dos Estados."Ainda, o governo equatoriano anunciou nesta segunda também a viagem do seu chanceler, Ricardo Patiño, a vários países do Caribe, para compartilhar as propostas de melhora ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, prévio à Assembleia Geral da Organização de Estados Americanos na próxima sexta-feira (22).

Fonte: Vermelho

Brasil e México retomam acordo para isenção de vistos

O Ministério das Relações Exteriores informou nesta segunda-feira que Brasil e México decidiram retomar o acordo que prevê a isenção de vistos de turismo entre os dois países. Não há prazo, entretanto, para entrada em vigor. "A medida será implementada a partir de data a ser definida e anunciada de comum acordo entre as partes, no mais breve prazo possível", segundo nota divulgada pelo Itamaraty.

O acordo permite a entrada de cidadãos de um país no outro, sem necessidade de visto, por períodos de até 90 dias. O prazo pode ser renovado, mas a permanência total não deve exceder 180 dias no período de um ano. A aplicação do acordo havia sido suspensa em 8 de setembro de 2005, com efeitos a partir de 23 de outubro daquele ano.

O Itamaraty lembra, na nota, dos eventos que o Brasil sediará. "O Governo brasileiro saúda particularmente a possibilidade de que cidadãos mexicanos possam viajar ao Brasil, sem a necessidade de obterem previamente o visto de entrada, para assistir aos grandes eventos de 2013 (Copa das Confederações e Jornada Mundial da Juventude), 2014 (Copa do Mundo) e 2016 (Olimpíada e Paraolimpíadas)".

A nota informa, ainda, que o comércio entre Brasil e México cresceu 244% entre 2002 e 2012 e que, no ano passado, o Brasil foi o 8º parceiro comercial do México. 

Fonte: Estadão

TST suspende penhora em conta do Consulado do Chile

O Tribunal Superior do Trabalho determinou a suspensão de penhora de valores depositados em conta corrente do Consulado Geral do Chile, em São Paulo, para pagamento de dívida trabalhista. Embora a jurisprudência garanta a execução sobre bens e valores que não sejam afetos à missão diplomática, a 5ª Turma, por unanimidade, considerou que não é possível distinguir se os créditos em conta corrente se destinam a funções do consulado ou se seriam destinados a atos comerciais.

No caso, a indenização é decorrente de ação movida por uma trabalhadora de nacionalidade chilena que alegou prejuízos e dano moral por ter tido redução salarial em função da variação do dólar. Contratada em 1993, ela reclamava diferenças em função da variação da moeda entre janeiro de 2003 até abril de 2006, quando o consulado fixou salário em na moeda nacional, o Real, para a trabalhadora.

O relator do processo, ministro Caputo Bastos, destacou que as representações de Estados estrangeiros ostentam características, finalidades e prerrogativas próprias, inclusive em relação à imunidade de jurisdição, mas que desde 1989, quando o Supremo Tribunal Federal apreciou ação contra a Embaixada da Alemanha, essa imunidade passa a ser relativa especialmente no que diz respeito aos litígios de natureza trabalhista.

Segundo o ministro, é preciso fazer distinção da imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro nos processos de conhecimento e de execução. De acordo com o voto, em relação ao conhecimento, a tendência atual é de que não haja, em termos absolutos, imunidade de jurisdição do Estado, especialmente quando se tratar de uma relação trabalhista regida pelas normas do direito material local.

Mas em relação ao processo de execução, explicou o ministro, a questão deve ser examinada sob outro enfoque, pois existem regras internacionais que decretam expressamente a inviolabilidade dos bens do Estado. Entre elas, a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas (1961) e a Convenção de Viena sobre Relações Consulares (1963), às quais o Brasil aderiu, e que asseguram a inviolabilidade dos bens que estejam afetos à missão diplomática e consular.

No voto, o ministro frisou que, mesmo sendo possível ação contra o Estado estrangeiro, em razão da relativização da imunidade, é necessário lembrar que a execução, à luz das Convenções de Viena, tem a sua efetividade comprometida pela dificuldade de se encontrar bens que estejam desvinculados da função diplomática ou consular do Estado. "De modo que, em tais hipóteses, a efetivação da execução fica na dependência da expedição, pelo Brasil, da competente carta rogatória, sob pena de esvaziamento da sentença condenatória proferida", disse o relator.

No acórdão, a Turma considerou que o ordenamento jurídico brasileiro não autoriza a penhora de valores depositados em conta corrente de Estado estrangeiro. Isso porque a imunidade de execução só pode ser afastada em caso de renúncia por parte do próprio Estado estrangeiro ou da existência de bens, em território brasileiro, não afetados às legações diplomáticas ou representações consulares. "No caso, como não é possível se distinguir se os créditos havidos em conta corrente estão afetados às funções precípuas da missão diplomática ou se são destinados a meros atos comerciais, prevalece a imunidade de execução em favor do Estado estrangeiro", concluiu o relator. Com informações da Assessoria de Imprensa do TST.

Processo: RR-170700-28.2006.5.02.0063

Fonte: Conjur

A crise do Mercosul não se resolve com medidas comerciais. É preciso aprofundar e consolidar a integração

A crise comercial do Mercosul, que vinha se arrastando desde o final de 1998, alargou-se com a abrupta desvalorização cambial brasileira e se agravou no último mês de julho, quando alguns setores econômicos argentinos que se sentiram ameaçados pelo aumento da competitividade dos preços brasileiros e o término do regime de adequação, passaram a pressionar seu governo pela adoção de medidas de salvaguardas, desencadeando como resposta uma dura reação do governo brasileiro. Frente a essa disputa, os dois países menores também reagiram, mas moderadamente, já que são penalizados pela desvalorização brasileira e pela recessão do Brasil e da Argentina, seus principais compradores .

O agravante desta crise foi sua dimensão política - o rompimento de negociações foi cogitado - e se a disputa empresarial não é apenas conjuntural, mas sim uma tentativa dramática de compensar os efeitos da recessão que afeta o bloco. Enfim, o conflito foi muito mais sério desta vez pois revela o beco sem saída para onde nossos governantes estão levando o projeto que poderia e deveria ser uma alavanca para o desenvolvimento e a integração.

Se analisarmos o comércio intra-Mercosul recente veremos que o mesmo vem caindo desde o final de 98 o que nos leva a afirmar que as diferenças cambiais apenas agravaram os problemas. O maior componente do déficit comercial é com terceiros mercados, mesmo nos setores em disputa atualmente. Portanto, a adoção de medidas tarifárias e de corte apenas comercial não resolverá os problemas, mas sim promoverá um retrocesso e o enfraquecimento do Mercosul nas negociações com outros blocos.

As causas da recessão não podem ser atribuídas ao Mercosul, têm raízes muito mais profundas e resultam diretamente das escolhas políticas que nossos governantes vêm adotando desde o início desta década. Os imensos compromissos financeiros assumidos com o FMI e outros organismos internacionais, principalmente pelos dois maiores países, tornaram as exportações e a atração de investimentos externos fatores cruciais para a geração de divisas para o pagamento dos juros das dívidas externas. Uma política que não tem tido os resultados apregoados e que só tem servido para aumentar a crise social.

O déficit comercial não retrocede e só não cresceu mais nestes últimos seis meses porque as compras externas diminuíram em razão da queda de consumo e produção. Ao mesmo tempo, nos últimos doze meses, os preços dos principais componentes da balança exportadora de nossos países caíram entre 8 e 26% no mercado internacional, o que reduz mais as entradas de divisas. E as possibilidades de diversificação e ampliação da pauta exportadora são pequenas, pois a reestruturação produtiva desencadeada desde o final da década passada - em razão da abertura comercial generalizada e da adoção de planos de ajuste cambial - promoveu uma real internacionalização do processo produtivo e concentrou fortemente a produção - o caminho das exportações ficou reservado para poucos - as grandes empresas multinacionais. As empresas de capital médio (nem falar da pequena produção) e setores menos dinâmicos internacionalmente ficaram condenados ao desaparecimento, pois não têm competitividade para competir com os preços dos importados, no caso dos países com supervalorização cambial, ou no caso do Brasil, apesar da desvalorização cambial, não podem reverter o grau de internacionalização anterior e promover a substituição de importações dos componentes que necessitam.

Frente a esse quadro adotam medidas que levam ao crescimento da dívida interna, a mais redução do Estado e eliminação de quaisquer políticas de promoção produtiva e a elevação das taxas de juros. Fatores que pressionam ainda mais a pequena e média empresa.

As consequências são claras: o crescimento vertiginoso do desemprego e da precarização do mercado de trabalho e uma forte compressão dos mercados internos, atingindo diretamente o consumo e desencadeando assim mais uma volta do círculo vicioso instalado e o aprofundamento da crise social.

Tudo nos leva a supor que o arrefecimento das tensões depois do encontro de Presidentes e Ministros ocorreu por pressões dos grandes grupos multinacionais que teriam a perder com a suspensão das negociações. Basta fazer algumas contas: 70% do comércio no Mercosul é entre Brasil e Argentina, desse volume 70% é de comércio dirigido (ou seja compras do governo ou entre empresas) e 36% é comércio intra-empresas. As pequenas empresas não representam nem 2% do comércio intra-bloco.

Para dar um exemplo dos interesses das transnacionais tomemos o setor automobilístico. Enquanto o volume de importações e exportações desse complexo pesa mais de 22% na balança comercial bilateral, os setores têxteis, calçados, plásticos e papel e celulose juntos pesam cerca de 17 % - o Brasil vende para a Argentina apenas US$ 400 milhões em têxteis, calçados e aço e a Argentina exporta para o Brasil veículos e autopeças no valor de US$ 2,6 bilhões (dados de 1998). Com a suspensão das negociações, não haveria maneira de chegar a um entendimento sobre o novo regime automotivo e a partir do ano 2000 e isso seria um problema para as montadoras que nos últimos 7 anos construíram redes de produção e comércio na região.

O queremos dizer com essa breve introdução é que nenhuma medida de corte tarifário resolverá uma crise que é estrutural e, no entanto, as decisões tomadas em Montevidéu no dia 6 de agosto passado não ultrapassaram o plano diplomático e remeteram para dois grupos de trabalho - com mandatos pouco definidos - a busca de soluções de uma crise dessas proporções.

Ou seja, a crise longe de solucionar-se apenas entrou em um impasse. A principal decisão ninguém quis discutir: o Mercosul será um projeto de integração comum - o que implicaria de imediato a adoção de políticas estruturais e macroeconômicas comuns para dar sustentação a uma retomada do desenvolvimento - ou será cada vez mais uma moeda de troca no mercado globalizado?

Por uma agenda macroeconômica e social imediata

Mas não foi apenas para analisar as reais causas da crise do Mercosul que as centrais sindicais que representamos decidiram fazer esse documento público. A razão que nos move é maior e mais abrangente. Em primeiro lugar para denunciar mais uma vez que em todo o conflito os governos e elites empresariais sequer mencionaram, ou levaram em conta, os impactos que as medidas tomadas nesses últimos anos têm tido sobre os empregos, salários e o povo mais pobre de nossos países. Ao fazerem as contas de ganhos e perdas percentuais do comércio, para embasar suas propostas, em nenhum momento colocaram sobre a mesa que repercussões essas medidas teriam sobre a crise social. E todos sabemos qual a dimensão do desemprego - mais de 12% em média - com picos mais altos no Brasil e Argentina.

Por isso além de discutir como resolver essas questões queremos também discutir e propor mudanças no modelo econômico que os governos insistem em manter.

O que nossos governos devem fazer é justamente o contrário, devem aprofundar o processo de integração e corrigir radicalmente o seu direcionamento, adotando políticas comuns voltadas para a promoção do desenvolvimento, da complementação e da cooperação econômica, social e política.

Em primeiro lugar propomos que seja instalado imediatamente um grupo de alto nível, com acompanhamento das representações empresariais e sindicais, para colocar em prática a Agenda Mercosul 2000, de aprofundamento do processo de integração. Como temas prioritários dessa agenda propomos :

No plano econômico e produtivo

• definição de uma política regional de promoção da produção e de incentivos a complementação setorial visando a otimização de escala mais sobretudo a geração de empregos
• criação de instrumentos de financiamento e apoio a reconversão produtiva, dentre eles um banco de fomento no Mercosul, captando financiamentos dos organismos de fomento mundiais, dos bancos de fomento nacionais e fundos de pensão dos 4 países
• integração e cooperação em infra-estrutura e tecnologia
• integração dos sistemas fiscais e tributários visando diminuir a carga da produção e dos serviços e a distribuição de renda;
• manutenção da participação como bloco nas negociações externas e definir medidas de salvaguarda e proteção ao Mercosul na relação desigual que se estabeleceria num acordo com a UE e na ALCA .

Ao nível institucional

• reformulação da estrutura institucional do Mercosul criando uma Comissão de Políticas produtivas, no mesmo nível da Comissão de Comércio, que integraria os diferentes subgrupos voltados a esse tema (agricultura, indústria, energia, telecomunicações, transportes) e coordenaria os trabalhos do grupo de tratamento dos temas macroeconômicos
• incorporação do Foro Consultivo Econômico-Social e da Comissão Parlamentar Conjunta como membros observadores do GMC, Comissão de Políticas Produtivas e grupo de tratamento dos temas macroeconômicos;

Ao nível do Emprego e direitos trabalhistas

• viabilização de financiamento para a viabilização do Observatório sobre o Mercado de Trabalho e discussão de medidas emergências de proteção aos desempregados e geração de postos de trabalho;
• criação de condições materiais e políticas para o pleno funcionamento da Comissão Sóciolaboral .

Montevidéu, 30 de agosto de 1999
Plenario Intersindical de Trabajadores - PIT/CNT -Uruguay
Central Unitária de Trabajadores - CUT - Paraguay
Central Única dos Trabalhadores - CUT - Brasil
Confederação geral de Trabalhadores - CGT - Brasil
Força Sindical - Brasil
Confederación General del Trabajo - CGT - Argentina

Fonte: Sindicato Mercosul